La LOPNNA no es "El Coco"

DIARIO EL SOL DE MARGARITA
NOTICIA PUBLICADA: 30/03/2009

El desconocimiento de esta ley y su incorrecta promoción como “defensora a ultranza” de las actuaciones de sus sujetos de derecho, han desvirtuado su implementación como instrumento para orientar a niños y adolescentes hacia una vida con estabilidad familiar y educativa.
Crisleida Porras

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna), no tiene por qué asustar a los padres y maestros como cuando los más chicos escuchan hablar del atemporal e indefinible “Coco”. Lejos de ser un instrumento jurídico atemorizante, esta normativa es una herramienta para enmarcar en la legalidad la vida en los ámbitos familiares, formativos y sociales de estos seres en crecimiento constante, tanto en lo físico como en lo intelectual.
Es necesario hacer énfasis en la utilidad de esta ley porque en su articulado están contenidas las pautas a seguir en el entorno que envuelve a niños y adolescentes, sea cual sea el escenario en el cual se desenvuelven. Pero si no están al tanto de estas disposiciones, difícilmente los adultos podrán darle cumplimiento y comprender que fue concebida para delinear un ambiente acorde a sus necesidades, incluyendo las sanciones ante faltas de diversa índole, como se ha mencionado en otra entrega.
En principio, la Lopna fue difundida como la protectora de los derechos que eran violentados constantemente regidos por la Ley Tutelar del Menor. Por ejemplo, el derecho a opinar de los más jóvenes se cercenaba con una frase reiterativa: “cuando los adultos hablan, los muchachos se callan”. No obstante, su carácter regulador tuvo mucho menos promoción y por eso llegó a ser malempleada para amedrentar a docentes y hasta representantes legales.
“Los maestros y también los padres tienen que conocer la Lopna, para que dejen de temerle. Hemos visto casos de docentes que se arrodillan cuando les amenazan con la ley, como cuando se nombra al Consejo de Protección del Niño y el Adolescente, al cual también, erróneamente, le dicen Lopna”, expresa Miriam Quilarque, consejera de Protección de Mariño, donde se procesan los casos que afectan individualmente a dichos sujetos de derecho en ese municipio.
Pero sin aplicación correcta, la norma no trasciende del papel. “Cada quien debe cumplir con el deber al cual está sujeto según lo ordene la ley, desde los padres hasta los funcionarios públicos. Cuando alguien falla, se rompe la cadena y dicen que la Lopna no sirve. No importa cuántas leyes se promulguen: si no se les da cumplimiento, nunca van a funcionar”, asevera Javier Fermín, otro de los consejeros municipales.
Considera como fallas de Estado que no se cumpla la ley por parte de los organismos competentes que se hacen “los de la vista gorda” ante las situaciones que amenazan los derechos de los niños y adolescentes.
Sobre el cumplimiento de las funciones que tienen los organismos municipales ante hechos o situaciones que atenten contra la Lopna, también existe el Consejo de Derechos del Niño y del Adolescente en Mariño, encargado de velar por los derechos colectivos y difusos de los más jóvenes y vulnerables miembros de la sociedad.
“Las licorerías, los remates de caballos y otros centros cuyas actividades pongan en riesgo el interés superior del niño, como cuando están ubicados en la cercanía de una escuela, seguirán allí porque no hay quien haga cumplir la ley. Nosotros sí nos mantenemos en la calle asegurándole a las personas que cada denuncia llegará a las instancias pertinentes, pero creemos que la Zona Educativa debería involucrarse más e inspeccionar las características que circundan a los planteles en la entidad”, expresó Dionnys Velásquez, consejera de este organismo.
Abrir expedientes administrativos y presentar las denuncias a la alcaldía es el comienzo de un proceso que rara vez prospera y origina sanciones mucho tiempo después de iniciarse la causa. Resulta incluso más poco común que se apliquen los correctivos. “Desde el año pasado, por ejemplo, se denunció un medio impreso regional por su reiterada tendencia al amarillismo y todavía no ha habido resultados. Ahora, ya hay otro periódico inclusive más explícito con fotos que sólo pueden dañar a los niños y adolescentes”, expresa Velásquez.
No se salvan privados ni públicos
En todas las zonas del municipio, deprimidas y privilegiadas, se ven las mismas carencias respecto a los hijos: falta de atención e interés de sus representantes, ausencia de formación en valores, sólo les diferencia la circunstancia económica, señaló la consejera Quilarque. “Por ejemplo, si en un liceo público se roban celulares ‘baratos’, en los colegios privados son ipods o blackberrys, pero al final, es lo mismo: se despoja a alguien de algo que le pertenece, es un robo”, refiere.
Las estadísticas de los colegios no son bajas en relación con las cifras que muestran los planteles públicos en cuanto a faltas originadas por violencia o delincuencia juvenil. “Lo que pasa es que la directiva del colegio siempre busca resguardar al máximo el buen nombre del plantel y su reputación en la sociedad. Otra diferencia es que hasta ahora, no se han visto casos de posesión de armas blancas o de fuego en los centros educativos privados”, como ocurrió recientemente en la Unidad Educativa “José Joaquín D’ León” de Porlamar, donde el representante del alumno se declaró impactado al conocer que su hijo portaba un cuchillo en los bolsillos.